Ángeles Armisén y Virginia Barcones defienden un Pacto de Estado “en femenino” para frenar la despoblación

La presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén, y la delegada del Gobierno en la Comunidad de Castilla y León, Virginia Barcones, han defendido hoy en la clausura del III Congreso Nacional sobre Despoblación en el Medio Rural que se ha celebrado en la localidad palentina de Aguilar de Campoo la necesidad de un Pacto de Estado “en femenino” para frenar el desequilibrio poblacional entre el medio rural y el medio urbano. “Ya hemos puesto en la agenda este problema —destacó Barcones— y hemos conseguido tomar conciencia; ahora debemos trabajar para reequilibrar población y territorio desde la igualdad de oportunidades. Debemos garantizar que aquel que elija un lugar para vivir, pueda hacerlo” y será, según Barcones, desde la generación de un Pacto de Estado, que “implique al conjunto de la sociedad”. Un pacto que debe tener a juicio de Bárcones y de Ángeles Armisén, un claro acento “femenino”.

Por su parte, la presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén, reconoció que “no hay medidas mágicas para afrontar este problema, pero sí está al alcance de todos intervenir sobre algunos aspectos” que ya han sido identificados. “Tenemos —aseguró— un diagnóstico, ahora debemos diseñar acciones concretas”. Armisén destacó “el compromiso adquirido por todos los participantes en el Congreso para seguir trabajando en medidas que nos ayuden a frenar la despoblación” y confía en que la Estrategia Nacional que se presentará en la primavera de 2019 permita hacer frente a uno de los “problemas” centrales que afectan a nuestro país.

Durante su discurso de clausura, Armisén manifestó su apoyo a un ordenamiento jurídico “que propugna la igualdad de oportunidades”. “Nuestra máxima —explicó— debe ser que cualquier ciudadano pueda elegir libremente su lugar de residencia, con las mismas oportunidades y servicios”. Armisén defendió una nueva estructura productiva ligada a la tecnología y la innovación, la necesidad de “cerrar” la “brecha digital” y la obligación de apoyar la “conciliación familiar”. En última instancia, exigió “una reforma del sistema de financiación autonómica y local que tenga en cuenta el sobrecoste de prestación de servicios en el medio rural” a consecuencia de factores como “la dispersión o la baja densidad de población”. Es, señaló, “parte de la fórmula para ser más eficientes”.

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